Jaldo impulsa la prórroga de la emergencia en seguridad hasta 2027

El gobernador Osvaldo Jaldo elevó a la Legislatura un proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en seguridad pública, vigente desde 2016 mediante la ley 9.057. La iniciativa será tratada por la comisión de Seguridad y Justicia, presidida por el oficialista Carlos Najar, en paralelo con el proyecto del radical José Cano, que propone como plazo el cierre de 2026. Uno de los ejes del debate será si la prórroga se sostiene por un año o por dos, y en el PJ buscan alcanzar un dictamen unánime.

Como el pan dulce y el brindis de Fin de Año en la mesa familiar, diciembre llega con una tradición legislativa en Tucumán: la prórroga de leyes de emergencia y normativas de excepción que, en algunos casos, se mantienen vigentes desde hace décadas. En la última semana ingresó por mesa de entradas más de una quincena de proyectos para extender normas que abarcan desde la seguridad pública y la erradicación de la violencia contra la mujer hasta beneficios impositivos para sectores productivos como el citrus y el azúcar.

La ley 9.057 fue sancionada en 2016, durante la primera gestión de Juan Manzur, “con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado, y el avance de los delitos contra la propiedad, que afectan a nuestra Provincia”. Fue renovada sucesivamente, pero caduca este año. El proyecto del Poder Ejecutivo, ingresado esta semana, apunta a sostener las acciones aplicadas y a avanzar en la ampliación de la capacidad de alojamiento para personas privadas de la libertad. Entre los objetivos se incluyen la adecuación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura edilicia del servicio penitenciario y policial, así como la ampliación, optimización y capacitación de los recursos humanos del Servicio Penitenciario.

Fuentes del oficialismo anticiparon que la comisión de Seguridad y Justicia se reunirá este lunes a las 9.30 para definir el dictamen que llegará al recinto en la próxima sesión, prevista para el jueves 4. En paralelo, se evalúa el funcionamiento de la comisión especial prevista por el texto original, que debe analizar los informes relacionados con la ley 9.057.

La Casa de Gobierno también remitió un proyecto para extender la ley que declara el estado de emergencia hídrica y social en la provincia. Esta norma fue sancionada en febrero de 2007 y se propone su prórroga hasta finales de 2026. Si bien se introducen adecuaciones administrativas, se mantiene el espíritu: garantizar un régimen especial para la ejecución de obras públicas destinadas a prevenir o enfrentar inundaciones y otros desastres climáticos.

Legisladores de distintos bloques buscan mantener operativas leyes clave para áreas del Estado y para actividades productivas. En ese grupo se inscribe el proyecto de Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia agropecuaria para la producción de limón (primaria e industrial) y para los viveros cítricos certificados por el Inase. “Si bien el crecimiento en la exportación de fruta fresca es un indicador de éxito, el contexto internacional sigue siendo altamente volátil. Los competidores europeos (principalmente España, Turquía y otros del Mediterráneo) mantienen altos niveles de subsidios y exenciones, lo que genera una competencia desleal y una ‘ventana de ingresos’ cada vez más estrecha para nuestros productores”, fundamentó.

El jefe del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, activó una decena de proyectos para evitar la caducidad de distintas normas. Entre ellos, el régimen especial creado en 2017 que permite el envío de aportes no reintegrables del Poder Ejecutivo a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que se extendería por otro año; la prórroga de la Ley 9.219, que fija alícuota 0% en Ingresos Brutos para la venta de caña de azúcar realizada por productores cuyas explotaciones no exceden de 100 hectáreas; y la continuidad hasta finales de 2026 de la emergencia del sistema eléctrico de transporte por distribución troncal en la provincia.

En el plano social, la legisladora peronista Sara Assán giró un proyecto para ampliar hasta finales de 2026 el estado de emergencia por violencia contra la mujer, vigente desde 2017. “La prórroga resulta necesaria debido a que continúan ocurriendo femicidios en nuestra provincia, lo que evidencia que la problemática de violencia por motivos de género persiste con extrema gravedad. Cada nuevo hecho confirma que aún existen limitaciones en los mecanismos de prevención, protección y respuesta estatal, y que la emergencia no puede darse por concluida”, advirtieron las firmantes junto a Paula Galván, Carolina Vargas Aignasse y Sara Lazarte.

Así, el cierre del año legislativo vuelve a estar marcado por la extensión de regímenes de excepción: seguridad, hídricos y sociales, energía, y beneficios impositivos para sectores estratégicos. La discusión de plazos y alcances se concentrará en comisiones, con la mira puesta en llevar dictámenes al recinto en la próxima sesión.