El Gobierno envió al Congreso un paquete de leyes para legalizar los “dólares del colchón”
El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso de un paquete de proyectos de ley destinados a incentivar la regularización de fondos no declarados, conocidos popularmente como “dólares del colchón”. La iniciativa, impulsada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, busca ofrecer seguridad jurídica a quienes poseen ahorros fuera del sistema bancario, permitiéndoles integrarlos a la economía formal sin enfrentar sanciones retroactivas. “Queremos proteger los ahorros de los argentinos y que esos fondos se vuelquen a la actividad económica para generar crecimiento”, afirmó Francos en declaraciones radiales. El funcionario sostuvo que una proporción significativa de ciudadanos optó históricamente por guardar dólares en efectivo como forma de resguardo frente a la inflación, la volatilidad cambiaria y la desconfianza en el sistema financiero. El proyecto, que ya fue enviado electrónicamente al Congreso, contempla modificaciones clave en la legislación sobre delitos económicos. Según adelantó Francos, se revisarán aspectos de la Ley Penal Económica y se ajustarán los plazos de prescripción, con el fin de habilitar un marco más flexible y actualizado para la repatriación y utilización de activos no declarados. Aunque no se detallaron aún los mecanismos específicos, el Gobierno aseguró que quienes utilicen fondos propios para invertir o consumir no serán penalizados por normativas previas. La propuesta intenta canalizar capitales hacia la economía real sin recurrir a emisión monetaria ni aumentos impositivos, pilares centrales en el programa económico de Javier Milei. “El compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable. Cualquier proyecto que implique gasto sin financiamiento será vetado”, reiteró Francos, en sintonía con las advertencias recientes del Presidente ante el Congreso. La medida también apunta a blanquear una práctica extendida en la sociedad argentina: mantener ahorros en dólares por fuera del circuito bancario, muchas veces en respuesta a experiencias traumáticas como el corralito, la confiscación de depósitos y los ciclos recurrentes de devaluación. Desde el oficialismo sostienen que muchos de estos ahorristas no actuaron con intención delictiva, sino como una forma legítima de proteger sus recursos. El desafío ahora, explican, es construir un puente que permita recuperar la confianza, generar inversión y dinamizar el mercado sin comprometer la estabilidad macroeconómica. El debate parlamentario se anticipa intenso, con posiciones encontradas sobre los alcances y posibles beneficios de esta estrategia, que apunta a sumar dólares a la economía formal y atraer capitales en un contexto de fuerte ajuste y búsqueda de equilibrio fiscal.
