El crimen de Chacabuco 59: absolución, dudas y un caso que quedó en la impunidad
El Tribunal de Impugnación absolvió por el beneficio de la duda a Leonardo Salomón, único condenado por el asesinato de Ana Gabriela Picciuto. La decisión cuestionó severamente la investigación y dejó al caso en un escenario de impunidad, con varios sospechosos ya sobreseídos y sin posibilidad de ser juzgados salvo que aparezcan nuevas pruebas.
Picciuto fue hallada sin vida el 12 de mayo de 2023 en la base de una cisterna de su vivienda en Chacabuco 59. Las pericias determinaron que había sido asesinada entre el 9 y el 11 de marzo, tras recibir golpes en la cabeza con un objeto contundente que nunca fue encontrado. El hallazgo conmocionó a la provincia por la crudeza del hecho y las irregularidades que rodeaban la propiedad.
En la vivienda residían varias personas con problemas de adicción y se comprobó que la casa había sido vendida de manera ilegal. En un primer momento fueron procesados Alfredo Socci, Natalia Liberman, Sofía Di Cianni y el ex esposo de la víctima, Luis Fumero. Sin embargo, la acusación terminó concentrándose en Salomón, quien mantenía una relación conflictiva con Picciuto y había abandonado la provincia el 11 de marzo. Fue detenido en Córdoba y en mayo pasado condenado a 15 años de prisión, aunque el fallo no fue unánime.
El defensor oficial Hernán Molina impugnó la sentencia y planteó que nunca se probó el lugar del crimen, que no se halló el arma homicida y que los rastros genéticos encontrados correspondían a otras personas. También señaló que la fiscalía no profundizó líneas alternativas, como la hipótesis de los inquilinos o el conflicto por la venta irregular de la casa.
Los jueces María Jimena Suárez, Facundo Maggio y Agustín Puppio coincidieron en que la investigación fue deficiente. Si bien rechazaron algunas teorías defensivas, remarcaron que no se demostró que Salomón haya discutido con la víctima ni que existieran pruebas concluyentes en su contra. Por eso resolvieron absolverlo y remarcaron que el caso quedó marcado por graves falencias probatorias.
El fallo también analizó otras hipótesis, como la pelea con una peluquera que alquilaba un local de Picciuto y las maniobras de Fumero y otros compradores para apropiarse de la vivienda. Los magistrados concluyeron que esos móviles estaban vinculados a la venta irregular de la propiedad, pero no al homicidio. En cambio, la línea de los inquilinos volvió a cobrar fuerza, especialmente por las contradicciones de Socci y la presencia de una maza en la vivienda, herramienta que nunca apareció.
Los jueces también señalaron inconsistencias en torno a Natalia Liberman y Sofía Di Cianni, quienes tenían en su poder pertenencias de la víctima, como su DNI y una tarjeta de débito, hallazgos que nunca fueron objeto de un examen exhaustivo en el juicio. Esa falta de profundización reforzó las dudas sobre la investigación.
Finalmente, el tribunal destacó que el caso recorre el camino hacia la impunidad. Salomón, tras más de dos años preso, quedó en libertad y se trasladó a Buenos Aires. Los magistrados coincidieron en que Fumero, los hermanos Marín de la Fuente y Walter Marchese deberán ser investigados por las irregularidades en la operación inmobiliaria, pero no por el femicidio. Socci, Liberman y Di Cianni fueron sobreseídos y no podrán ser acusados nuevamente salvo que surjan pruebas nuevas, algo que parece improbable a más de dos años del crimen.
La resolución de uno de los casos más movilizantes de los últimos años en Tucumán quedó inconclusa, con un femicidio sin responsables y una investigación cuestionada en cada etapa.
