Carreros advierten que la prohibición sin alternativas los empuja a la exclusión
La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (Faccyr), Regional Tucumán, expresó su preocupación ante el avance legislativo para reglamentar la Ley N° 9.810, que prohíbe la tracción a sangre en la provincia. A través de un comunicado, el sector reclamó una transición justa que reconozca el trabajo de los carreros y evite medidas que agraven la situación de las familias que dependen de esta actividad.
“No pedimos privilegios, pedimos reconocimiento, trabajo, capacitación y alternativas reales”, señalaron desde la organización. Advirtieron que decomisar carros o aplicar sanciones sin ofrecer soluciones concretas “solo empuja a más familias a la pobreza”.
La ley fue sancionada en abril de 2024 y establece un plazo de un año para implementar capacitaciones que faciliten el reemplazo de la tracción animal por prácticas no violentas. Sin embargo, referentes del sector popular denuncian que la falta de reglamentación está generando incertidumbre y persecución.
Úrsula López, referente local de la Faccyr, afirmó que muchos carreros están siendo hostigados y que algunos ya no pueden salir a trabajar. “Hay compañeros que tienen que elegir entre exponerse a multas o quedarse sin ingresos para comer”, relató. Estimó que en San Miguel de Tucumán hay al menos 250 carreros activos, aunque no se cuenta con cifras oficiales a nivel provincial.
Desde la Legislatura, los opositores José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfredo Toscano presentaron un pedido de resolución para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. Cano sostuvo que la omisión del Gobierno “bloquea la voluntad legislativa” y constituye una violación a principios constitucionales. También denunció que en la provincia se registran casos de maltrato animal vinculados a esta práctica.
La Faccyr reconoció que existen situaciones de abuso, pero defendió a los trabajadores que cuidan a sus animales como parte de la familia. “Erradicar la tracción a sangre puede ser una meta, pero hacerlo con persecución no es justo ni humano”, remarcaron.
En paralelo, se mantienen conversaciones con el Gobierno para encontrar soluciones que permitan reemplazar los carros sin excluir a los trabajadores. López advirtió que entregar motocarros sin acompañamiento no resuelve el problema. “¿De qué sirve que le des un vehículo a alguien que no sabe leer ni escribir si no puede sacar el carnet?”, cuestionó.
La referente también mencionó que en la planta de reciclado cuentan con tricicletas para los recolectores urbanos, aunque dos fueron robadas. Finalmente, advirtió que si se avanza con la reglamentación sin medidas concretas, el sector está dispuesto a movilizarse en las calles.
El proyecto fue girado a la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura para su análisis.
