Tucumán: prestadores de salud reclaman deudas y recortes en discapacidad
En una contundente manifestación frente a la Casa de Gobierno, profesionales del ámbito de la discapacidad en Tucumán alzaron su voz para denunciar la crítica situación que atraviesa el sistema de atención. Psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos y docentes integradores participaron de una movilización en plaza Independencia para exigir el pago de servicios adeudados, alertar sobre la baja en los honorarios y visibilizar la crisis que afecta directamente a personas con discapacidad.
La protesta formó parte de una jornada nacional con epicentro en el Congreso de la Nación, donde diversas organizaciones no gubernamentales respaldaron la implementación de una Ley de Emergencia en Discapacidad. En Tucumán, el reclamo se centró en la necesidad de que el Gobierno provincial interceda ante Nación para resolver el atraso en los pagos y revea los recortes en prestaciones que, según denunciaron los manifestantes, agravan aún más una situación ya insostenible.
“Se nos adeuda desde octubre del año pasado. Este año ni siquiera pude empezar a trabajar porque las obras sociales no emitieron autorizaciones”, explicó Valeria Jiménez, psicopedagoga independiente. También señaló que muchos prestadores deben trasladarse al interior provincial sin recibir siquiera un reintegro por gastos de traslado. Mencionó especialmente a Ospía Azucarera como una de las obras sociales que mayores deudas mantiene y que ha reducido la cantidad de sesiones autorizadas para tratamientos.
Por su parte, la fonoaudióloga Jéssica Ciccioli hizo hincapié en la excesiva burocracia que deben enfrentar los profesionales para poder cobrar por los servicios brindados. “Hay que presentar informes, fichas y planificación, pero a la hora de cobrar todo es un desastre. Pedimos que se cumpla la ley, que nos escuchen y que sean empáticos”, reclamó.
El acto central en Tucumán comenzó a las 10 de la mañana y tuvo la participación también de choferes de transporte especial, quienes cortaron parcialmente la circulación vehicular en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. La policía intervino rápidamente para solicitar a los manifestantes que se mantuvieran dentro de los límites de la plaza y evitaran obstruir el tránsito sobre 25 de Mayo y San Martín.
Nicole Conesa, una de las prestadoras independientes, relató que solicitaron una audiencia con el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, o con el gobernador Osvaldo Jaldo, pero que su pedido fue rechazado si no se retiraban de la plaza. “Nos acusan de no hacer una protesta pacífica. Pero mientras en la administración pública se cobra entre el 1 y el 10, nosotros cobramos a 180 o 200 días”, remarcó. También denunció que, ante los recortes, muchos pacientes deben recurrir al sistema público, donde la oferta es limitada y la lista de espera para atención infanto juvenil llega hasta los dos años.
“El sistema está colapsado y el gobierno debe dar una solución. Pagamos alquileres, transporte, matrículas, contadores, y encima la AFIP nos descuenta antes de que cobremos. No vivimos de la vocación: necesitamos un sueldo digno”, finalizó Conesa.
