Influencers libertarios: entre la defensa del Gobierno y los contratos estatales

Una reciente investigación reveló que varios influencers que defienden activamente al Gobierno nacional en redes sociales cobraron sueldos del Estado durante los años 2024 y 2025. Aunque se presentan como referentes de la “batalla cultural” libertaria, sus vínculos contractuales con distintas dependencias públicas abren un fuerte debate sobre la transparencia y el uso de recursos públicos. Según los documentos analizados, los pagos provienen de organismos como la Secretaría General de Presidencia —a cargo de Karina Milei—, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la Legislatura porteña y las Cámaras de Diputados nacional y bonaerense. Entre los nombres que aparecen figuran:
  • Tomás Jurado («ElPelucaMilei»): figura como empleado de la Secretaría General de Presidencia entre abril y julio de 2024. Además, autorizó ingresos a Casa Rosada para otros influencers.
  • Lucas Luna («Sagaz»): empleado en la Cámara de Diputados bonaerense entre abril y julio de 2024. También fue jefe de despacho de un legislador y tenía acceso frecuente a Casa Rosada.
  • Pedro María Lantaron («@elpittttt»): trabajó en el Incaa y luego como asesor legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense hasta abril de 2025.
  • Mariano Pérez: creador del canal oficialista Break Point, recibió pagos de la Legislatura porteña entre abril y junio de 2024. Tuvo 10 ingresos registrados a Casa Rosada.
  • Ezequiel Ismael Acuña («Pasante»): ex socio del director de Comunicación Digital de la Presidencia. Recibió pagos de la Cámara de Diputados de la Nación y tuvo al menos 22 ingresos a Casa Rosada.
Si bien los pagos no se encuadran dentro de un esquema de contratación uniforme o permanente, sí exponen una relación funcional entre estos influencers y el aparato estatal. Además de su rol digital, varios de ellos integran la agrupación juvenil libertaria “Las Fuerzas del Cielo”. El hallazgo genera preguntas sobre los límites entre el activismo partidario y la función pública, especialmente cuando la narrativa oficial promueve un fuerte recorte del gasto estatal.

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