La Corte de la Nación confirmó la condena contra un grupo de proxenetas tucumanos
Luego de más de una década de proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra tres personas acusadas de conformar una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Tucumán. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los recursos presentados por las defensas por considerarlos inadmisibles.
La causa se inició en 2014 a partir de una denuncia presentada por la Fundación María de los Ángeles y derivó en la condena de Hugo José Antonio “Bicho” Díaz a nueve años de prisión, al ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas agravada. También fueron condenadas María Antonia Peñaflor a cinco años e Isabel Usandivaras a cuatro años de prisión. Un cuarto imputado, Hugo Ramón “Gato” Díaz, falleció durante el proceso.
La organización criminal operaba dos prostíbulos en San Miguel de Tucumán: “El Límite”, en calle Alsina al 700, y “Night Club”, en la zona de El Bajo. Las víctimas fueron engañadas y captadas en situación de vulnerabilidad. Fueron sometidas a condiciones de explotación severas, llegando incluso a realizar más de veinte servicios sexuales por noche.
El fiscal Pablo Camuña, con el apoyo de la auxiliar Valentina García Salemi y la participación de Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), logró demostrar el funcionamiento de la red y los roles específicos de cada imputado. “Bicho” Díaz regenteaba “El Límite”, Peñaflor se encargaba de la gestión general y Usandivaras, conocida como “Chela”, administraba el kiosco lindante, controlaba a las víctimas y gestionaba la recaudación.
Durante el juicio oral, se dispuso también el decomiso del inmueble ubicado en El Bajo y se estableció una reparación económica de un millón de pesos para cada una de las cuatro víctimas. La justicia consideró el accionar de los acusados como formas de violencia y discriminación contra las mujeres, invocando tratados internacionales como la Cedaw y la Convención de Belem do Pará.
La sentencia original había sido dictada en diciembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y fue luego ratificada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Con la decisión de la Corte, el caso queda cerrado y las condenas adquieren carácter definitivo.
