Caso Alberdi: el fiscal federal aceptó la competencia y la causa podría pasar de fuero
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz se declaró competente en la causa Alberdi, lo que abre la posibilidad de que el expediente pase formalmente a la órbita de la justicia federal. Si un juez federal ratifica esta postura, la investigación por asociación ilícita, lavado de activos y confabulación para el narcotráfico quedará bajo jurisdicción nacional.
La causa se inició a raíz de un audio viralizado en el que Roque “Chipi” Giménez, supuesto empresario, mantenía una conversación con el ex intendente Luis Campos. En ese diálogo se revelaban posibles vínculos entre funcionarios públicos y redes de narcotráfico, además de presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas.
Inicialmente, la justicia federal abrió una causa de oficio, mientras que la justicia ordinaria intervino por solicitud de la Policía y de concejales opositores. Vehils Ruiz había solicitado la detención de Giménez, Campos y del ex secretario de Hacienda, José Roldán, aunque sus pedidos no prosperaron. También había apuntado contra Sandra Figueroa, esposa del ex intendente y actual legisladora, pero no pudo avanzar debido a sus fueros.
En paralelo, la fiscala Mónica García de Targa logró el procesamiento de Giménez por intimidación pública e instigación a cometer delitos, dictándole prisión preventiva por seis meses. Posteriormente, obtuvo el procesamiento y prisión preventiva de Roldán, Pablo Barrionuevo (ex secretario de Desarrollo Social), Albano Loru (ex concejal) y José Funez (sindicalista), acusados de integrar una asociación ilícita. Todos continúan detenidos, salvo el gremialista.
La hipótesis del fiscal auxiliar Bernardo Sassi sostiene que los involucrados podrían haber conformado una estructura que utilizaba recursos de la obra pública para lavar dinero procedente del narcotráfico. Con base en esa línea de investigación, se solicitó la incompetencia de la justicia ordinaria, que finalmente fue aceptada por el juez tras confirmar la prisión preventiva de los últimos procesados.
Aunque Campos fue notificado de una investigación en su contra por intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes, nunca se solicitó una audiencia para avanzar con esos cargos. Lo mismo ocurrió con Figueroa, que habría firmado contratos por más de $400 millones con empresas vinculadas a Giménez.
Fuentes judiciales indicaron que Vehils Ruiz incorporará los elementos reunidos por la fiscala García de Targa a su expediente, siempre y cuando el juez federal ratifique la competencia. Uno de los primeros pasos será revisar la situación procesal de los detenidos, mientras sus defensores ya iniciaron gestiones para solicitar la libertad de sus representados.
