Conflicto del transporte: la Capital exige claridad sobre las suspensiones y mantiene controles sobre Aetat
El conflicto del transporte público en San Miguel de Tucumán continúa generando fricciones entre la Intendencia capitalina y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), a pesar del acuerdo firmado el viernes pasado que permitió restablecer el servicio en las líneas urbanas.
La intendenta Rossana Chahla solicitó formalmente al gremio UTA Tucumán, liderado por César González, que remita la documentación completa sobre las 154 suspensiones que derivaron en el paro de choferes. La medida de fuerza afectó a 13 de las 14 líneas urbanas entre el miércoles 5 y el viernes 7 de noviembre.
Desde el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) se indicó que el pedido busca “transparentar la situación laboral y garantizar que no se vulneren derechos de los trabajadores”. Además, se reforzaron los controles sobre el cumplimiento de frecuencias y recorridos, ante denuncias de usuarios por demoras y unidades fuera de servicio.
Por su parte, Aetat ratificó las suspensiones y pidió que se convoque a una nueva audiencia con participación directa del municipio. “La crisis del sector requiere intervención institucional”, expresó Jorge Berreta, vicepresidente de la entidad empresaria.
El conflicto se enmarca en una situación económica delicada para el transporte público tucumano, con reclamos por subsidios, costos operativos y condiciones laborales. Aunque el acta firmada permitió levantar el paro, las partes siguen sin alcanzar un consenso duradero.
Desde UTA advirtieron que podrían retomar las medidas si no se avanza en una solución integral. Mientras tanto, el municipio mantiene operativos de fiscalización y evalúa sanciones por incumplimientos en el servicio.
