Patrimonio bajo la lupa: la Justicia secuestró una flota de lujo en una finca vinculada a la AFA

Un nuevo operativo judicial volvió a poner en el centro de la escena a la Asociación del Fútbol Argentino. La Policía Federal, bajo orden del juez federal Daniel Rafecas, allanó una propiedad en Villa Rosa, partido de Pilar, donde se halló una colección de vehículos de alta gama que ahora quedó bajo custodia de la Justicia.

La finca, conocida como “La Finca Conte”, ocupa más de 100 mil metros cuadrados y está registrada a nombre de la sociedad Real Central S.A., vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. La investigación busca determinar si los bienes allí encontrados forman parte de un entramado societario utilizado para ocultar patrimonio presuntamente relacionado con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.

El hallazgo más llamativo se produjo en un galpón de grandes dimensiones: 54 vehículos pertenecientes a la firma Real Central SRL. Entre ellos, 45 autos de lujo y colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. En las imágenes difundidas se reconocen modelos de BMW, Porsche y Ferrari, además de clásicos como una Renault Fuego, una Chevy y un Chevrolet Súper Sport.

Para avanzar con la causa, Rafecas dispuso la presencia de seis peritos encargados de realizar una tasación integral del predio y de todos los bienes secuestrados. Tres fueron designados por la Corte Suprema y otros tres por el Colegio de Martilleros de San Isidro. Su tarea será establecer el valor real de la finca, de los vehículos y de cualquier objeto suntuario que pueda resultar relevante.

El procedimiento incluyó además la filmación completa de la propiedad y un registro fotográfico detallado de cada sector. Ese material servirá como constancia del estado general del inmueble y de los bienes hallados, y será clave para reconstruir posibles maniobras de ocultamiento patrimonial.

Con este operativo, la investigación sobre el patrimonio de los dirigentes de la AFA suma un capítulo de alto impacto, en el que la magnitud de los bienes secuestrados refuerza las sospechas sobre la existencia de estructuras destinadas a encubrir activos de origen aún bajo análisis judicial.

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