El Senado se prepara para debatir un proyecto que busca agilizar el servicio de justicia mediante cambios en la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. La iniciativa, respaldada en reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, apunta a descomprimir un tribunal que concentra causas de narcotráfico, trata de personas y delitos complejos.

El dictamen final tomó elementos de dos propuestas presentadas por las senadoras Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). La alternativa impulsada por Mendoza, que fue la base del texto aprobado, prevé dividir la Cámara en dos salas de dos integrantes cada una, con un presidente común que intervendría en casos de empate o subrogancias. La estructura actual, integrada por cinco miembros, exige la coincidencia de tres votos para alcanzar mayoría, lo que genera demoras en los plazos procesales.

La propuesta de Ávila, que planteaba la incorporación de un sexto vocal, quedó en suspenso por requerir más presupuesto. En cambio, la opción de Mendoza fue considerada más viable al no implicar mayores recursos y responder a un pedido de jueces federales de Tucumán.

Durante el debate, Ávila subrayó la necesidad de avanzar con reformas que permitan una Justicia más ágil y cercana a la sociedad. “La gente reclama una Justicia más transparente y eficiente. No podemos seguir teniendo estructuras sobrecargadas mientras avanzan delitos complejos y miles de ciudadanos esperan respuestas”, expresó.

La vocal Patricia Moltini respaldó la iniciativa y destacó la urgencia de adecuar la estructura judicial al crecimiento sostenido de causas federales en el NOA. En la misma línea, la senadora Patricia Bullrich manifestó su apoyo y remarcó la importancia de fortalecer la Justicia Federal en una región clave para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, creada en 1937 y ampliada a cinco miembros en 1990, funciona como órgano multifuero para Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Su sobrecarga de expedientes motivó el proyecto de reestructuración, que busca replicar modelos de eficiencia ya aplicados en otras jurisdicciones como Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario.