La crisis económica y la inflación constante han comenzado a impactar con fuerza en la capacidad de pago de los hogares tucumanos. Ante un preocupante incremento en los niveles de morosidad, la Legislatura provincial evalúa un conjunto de proyectos de ley orientados a brindar una salida a miles de familias ahogadas por las deudas contraídas para afrontar sus gastos cotidianos.
Según registros oficiales del sistema financiero y análisis socioeconómicos recientes, más de 257.000 familias en la provincia presentan irregularidades en el cumplimiento de sus compromisos crediticios. Con un índice de incumplimiento que ronda el 19%, Tucumán supera la media nacional y se posiciona entre los distritos con mayores niveles de morosidad del país. Esta situación afecta principalmente el uso de tarjetas de crédito y préstamos personales destinados a la compra de insumos básicos y alimentos.
Frente a esta coyuntura, en la Cámara Legislativa se analizan al menos siete iniciativas que buscan resguardar el ingreso familiar y evitar el colapso financiero de los hogares. Aunque inicialmente se contempló avanzar con propuestas enfocadas exclusivamente en la plantilla de la administración pública, las autoridades decidieron aplazar el debate con el objetivo de consolidar un marco regulatorio integral que incluya también a los trabajadores del sector privado, autónomos y jubilados.
Entre las propuestas elevadas por distintos bloques parlamentarios —que abarcan tanto al oficialismo como a espacios opositores— sobresale la intención de fijar límites a las tasas de interés y establecer topes máximos de afectación sobre los salarios netos.
Una de las alternativas centradas en el empleo público contempla la creación de un régimen especial para saldar saldos de tarjetas de crédito sin costo financiero adicional a través de la entidad bancaria que actúa como agente financiero del Estado provincial. Esta medida establece que los descuentos por planilla no superen el 25% de los haberes para aquellos agentes cuyos ingresos no excedan los seis salarios mínimos. En la misma línea, otra de las iniciativas propone limitar el costo financiero total de las refinanciaciones a un esquema vinculado a la inflación anual más un margen fijo, resguardando el carácter alimentario del sueldo mediante un tope de retención del 30%.
Por otra parte, se evalúa un programa de alivio financiero más amplio dirigido a residentes de la provincia con ingresos de hasta diez salarios mínimos. Esta propuesta abarca tanto a empleados públicos como privados, monotributistas y pensionados, permitiendo consolidar deudas preexistentes a través de una línea crediticia preferencial con plazos de devolución de hasta tres años y cuotas que no comprometan más del 25% del ingreso familiar.
Asimismo, organizaciones civiles y entidades dedicadas a la defensa de los consumidores han acercado iniciativas complementarias. Entre ellas se contempla la creación de un procedimiento administrativo gratuito de reestructuración de deudas, diseñado para facilitar instancias de conciliación, quitas de capital y períodos de gracia entre los deudores y las instituciones acreedoras. Complementariamente, se impulsa la descentralización de la atención al usuario mediante redes de asistencia en municipios y comunas rurales, acompañadas de campañas provinciales de educación e información financiera.
El tratamiento de estas medidas continuará en las próximas semanas dentro de las comisiones correspondientes, donde se buscará unificar criterios para elevar un dictamen definitivo al recinto parlamentario.
