A pocos días del inicio del juicio oral y público por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la situación procesal y personal del principal acusado, Felipe “El Militar” Sosa, generó un fuerte debate en los tribunales locales. Su defensa denunció un marcado deterioro físico y psicológico derivado de las condiciones de encierro a las que es sometido desde hace nueve meses en el penal de Benjamín Paz.
Durante una reciente audiencia convocada para debatir el régimen de detención, los representantes legales del imputado expusieron un panorama crítico. Según señalaron, Sosa permanece aislado durante 23 horas diarias en el sector destinado a condenados por delitos sexuales, una medida que calificaron como un trato inhumano y carente de sustento legal para un detenido que aún no cuenta con una condena firme.
Los letrados argumentaron que esta falta de contacto con el exterior y con otros internos ha provocado una profunda depresión y angustia en el acusado. Asimismo, advirtieron sobre complicaciones médicas desatendidas, tales como problemas derivados de antecedentes de adicción que no reciben el tratamiento farmacológico correspondiente y la aparición de diversas protuberancias físicas que no habrían sido evaluadas adecuadamente por profesionales de la salud.
Restricciones y reclamos de la defensa
La estrategia de la defensa también apuntó contra las limitaciones impuestas para las visitas de familiares y el contacto directo con sus abogados defensores, el cual —según afirmaron— se realiza bajo estrictas barreras físicas que obstaculizan la correcta preparación para el debate oral.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal y la querella manifestaron una postura mixta ante los planteos. Si bien respaldaron parcialmente la necesidad de revisar las condiciones de alojamiento para garantizar una cobertura médica integral y el suministro de la medicación prescripta, rechazaron de plano la posibilidad de un traslado a otro establecimiento penitenciario.
Finalmente, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa. Si bien desestimó la solicitud de poner fin al aislamiento del acusado, ordenó al Servicio Penitenciario extremar los recaudos para asegurar la atención médica oportuna y ratificó el derecho del imputado a mantener un contacto regular tanto con sus asesores legales como con sus familiares directos.
Claves del proceso judicial
Sosa llega al debate oral señalado como el presunto autor material del femicidio de Érika Antonella Álvarez, un crimen que conmocionó a la provincia y por el cual la fiscalía adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua.
El proceso judicial que comenzará próximamente también sentará en el banquillo a otros imputados. Entre ellos se encuentran Justina Gordillo, expareja del acusado principal, y Jorge “Chicho” Díaz, empleado de confianza, ambos procesados por el delito de encubrimiento, para quienes el Ministerio Público adelantó que pedirá penas de seis años de prisión.
El entramado judicial cuenta además con un antecedente clave: uno de los coacusados, Nicolás Navarro Flores, ya fue condenado mediante un juicio abreviado tras admitir su participación en el hecho, y se perfila como uno de los testigos centrales de las audiencias que definirán las responsabilidades penales en torno al caso.
