Tres hombres de 27 y 30 años han sido formalmente imputados por una serie de estafas sofisticadas contra dos empresas comercializadoras de aceites, baterías y lubricantes ubicadas en la estratégica Ruta Nacional 9. La Fiscalía de Delitos Complejos los acusa de cometer seis hechos delictivos diferentes utilizando una identidad corporativa falsa para adquirir mercadería con cheques robados, antiguos o apócrifos.
El “Modus Operandi” de la Asociación Ilícita
Según la investigación fiscal, los imputados simulaban formar parte de una sociedad comercial legítima dedicada a la venta de insumos agropecuarios. Esta fachada les permitía generar confianza inicial con sus víctimas para luego concretar las operaciones comerciales de alto valor.
El principal implicado es considerado el líder de la banda y se le atribuye participación directa en cinco de los seis casos de estafa bajo investigación. Los otros dos acusados enfrentan cargos por tres y un hecho, respectivamente, lo que sugiere diferentes grados de implicación en la red criminal.
El Último Intento y la Detención
El evento que precipitó la investigación final ocurrió el pasado 14 de octubre. Uno de los integrantes de la banda negoció vía WhatsApp la compra de 20 tanques de aceite con una concesionaria oficial de Mercedes-Benz por una suma que ascendía a los $33.000.200.
La operación, que parecía un pedido corporativo estándar, se complicó cuando otro hombre se presentó para concretar el pago y retiró la mercadería coordinada con un flete. El cheque entregado resultó ser incobrable por estar vencido, alertando inmediatamente a la empresa sobre el posible fraude. La rápida acción de las víctimas y las fuerzas de seguridad impidió que los estafadores se dieran a la fuga con el botín.
Evidencias y Consecuencias Judiciales
La Fiscalía cuenta con pruebas contundentes, incluyendo transcripciones de conversaciones de WhatsApp, filmaciones de seguridad de los establecimientos y los propios cheques falsificados utilizados como medio de pago. A pesar de esto, el Ministerio Público ha solicitado y obtenido la prisión preventiva de los tres acusados por un período de 30 días.
Este tiempo es considerado crucial por los investigadores para profundizar en las pericias telefónicas de los dispositivos secuestrados, las cuales podrían revelar la identidad de otros miembros de la organización y determinar el destino de la mercadería robada en otros robos previos. Se estima que el perjuicio total para las dos empresas afectadas podría rondar los $47 millones, cifra que podría aumentar a medida que avance la investigación.
Este caso subraya la creciente preocupación por el uso de identidades corporativas falsas y documentos financieros apócrifos en transacciones comerciales de gran escala, especialmente en sectores que involucran bienes de alto valor como los lubricantes e insumos industriales.
