La causa judicial que investiga la violenta agresión sufrida por Patricio Ledezma sumó un nuevo revés procesal que impide, al menos por ahora, el cierre del expediente. A pesar de los pedidos formales orientados a desvincular al principal acusado, la querella se opuso firmemente y el juez a cargo desestimó la solicitud, manteniendo abierta la investigación en los tribunales provinciales.
Un conflicto judicial con antecedentes complejos
Los hechos que originaron el expediente se remontan al 29 de enero, cuando Ledezma fue agredido por un grupo de jóvenes oriundos de la ciudad de Concepción a la salida de un establecimiento nocturno en la villa veraniega. En las etapas iniciales de la instrucción, la fiscalía interviniente imputó formalmente a Máximo Carreras y a Santiago Bagne, solicitando medidas cautelares de prisión preventiva que derivaron en su traslado temporal a un centro de detención. No obstante, días más tarde, los magistrados del Tribunal de Impugnación revocaron dicha resolución y permitieron que los jóvenes recuperaran la libertad mientras continuaban las diligencias investigativas.
A lo largo de los meses siguientes, el proceso transitó por múltiples contrapuntos entre las defensas técnicas, la fiscalía y la representación de la víctima. Mientras los abogados de Bagne aportaron diversos elementos probatorios orientados a demostrar que su defendido intentó frenar el ataque, la querella particular —asumida posteriormente por el letrado José María Molina— acompañó los requerimientos iniciales y solicitó que se profundice la pesquisa sobre otros jóvenes presuntamente involucrados en los incidentes.
Hacia mediados de agosto, la situación procesal de Bagne se resolvió de forma favorable tras dictarse su sobreseimiento definitivo. A partir de ese precedente, la defensa de Carreras, encabezada por su representante legal, replicó la estrategia procesal e interpuso un pedido idéntico.
El rechazo del magistrado y los próximos pasos
El planteo defensivo de Carreras se fundamentó en la supuesta existencia de certeza negativa respecto de su participación material en el hecho investigado, una postura que contó con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la querella formuló una fuerte oposición al considerar que la solicitud carecía de la sustentación legal adecuada y del encuadramiento normativo correspondiente.
Al evaluar los argumentos de ambas partes, el juez Javier Núñez Campero dio la razón a la representación de la víctima y resolvió rechazar formalmente el pedido de sobreseimiento. De acuerdo con las previsiones del Código Procesal Penal aplicable en la jurisdicción, el expediente será derivado a la órbita de la fiscalía regional para que emita su dictamen definitivo sobre el planteo. En caso de que dicha superioridad ratifique la postura favorable a la desvinculación, el magistrado se encontrará obligado a dictar el sobreseimiento, siguiendo el mismo camino procesal que permitió el cierre de la causa para Bagne.
En paralelo, la investigación mantiene abiertas líneas sobre otros involucrados que fueron notificados de la existencia de pesquisas en su contra, aunque hasta el momento la fiscalía no ha formalizado cargos en su contra, dejando pendientes definiciones clave para el futuro del expediente.
