Tucumán se prepara para los cambios del “dólar del colchón”
Con el objetivo de activar el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno nacional impulsa un nuevo esquema tributario que busca incentivar la declaración voluntaria de dinero no registrado, tanto en pesos como en moneda extranjera. En ese marco, se solicitará a las provincias que adhieran a un nuevo sistema de intercambio de información fiscal promovido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo amenaza de perder el acceso a datos clave sobre facturación y consumos de contribuyentes.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se convocará a todas las jurisdicciones a firmar convenios actualizados para compartir información con Nación. “Las provincias que no adhieran perderán el acceso a datos esenciales, incluyendo consumos que excedan los nuevos umbrales establecidos”, explicó. La estrategia apunta a facilitar la reinserción de capitales “escondidos bajo el colchón” sin sanciones penales ni tributarias, y a reforzar el nivel de reservas del Banco Central.
En el caso de Tucumán, desde el Ministerio de Economía provincial adelantaron que los cambios requeridos serán mínimos y estarán orientados a facilitar el uso de la información fiscal compartida. En concreto, se prevé una modificación en el tratamiento del impuesto sobre los Ingresos Brutos, mediante una cláusula que evitaría gravar los fondos que ingresen al sistema bajo la figura de “patrimonio no justificado”.
Catamarca fue la primera provincia en firmar el convenio, luego de una reunión entre el gobernador Raúl Jalil y funcionarios de Casa Rosada. El acuerdo se considera clave para implementar el Régimen Simplificado de Ganancias, un nuevo esquema que preservará la confidencialidad de los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos, con la intención de generar confianza entre los grandes ahorristas y promover el uso de esos fondos en consumo o inversión.
Entre las reformas tributarias que acompañan este plan, se destacan dos puntos centrales: en primer lugar, la elevación del piso a partir del cual se considera delito penal tributario, que pasaría de $1.500.000 a $100.000.000; y en segundo término, la reducción del plazo de prescripción para causas penales tributarias, que podría bajar de cinco a tres años, o incluso a dos, según evalúan distintos funcionarios del Ejecutivo nacional.
En cuanto a la Ley Penal Cambiaria, el Gobierno no prevé reformas inmediatas. Si bien algunos sectores presionan por legalizar la compra de dólares en el mercado informal, la Casa Rosada sostiene que cualquier cambio podría alterar el cronograma económico y afectar la liquidación de exportaciones. La reforma quedaría postergada para 2026.
El nuevo marco legal, aseguran desde el oficialismo, no contempla la eliminación de datos fiscales ya existentes, sino que promueve la regularización voluntaria dentro de los límites legales actuales. La expectativa es que el “dólar del colchón” comience a circular en la economía formal sin persecuciones ni castigos retroactivos, pero con reglas claras para el futuro.
