Gobernadores radicales y provinciales se suman al debate por la reforma laboral de Milei
El presidente Javier Milei intensifica la búsqueda de apoyos entre los mandatarios provinciales para avanzar con la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de su agenda económica. La iniciativa, respaldada también por sectores empresariales, comienza a encontrar eco en gobernadores de distintas fuerzas políticas, especialmente del radicalismo y de partidos provinciales.
En las últimas semanas, varios dirigentes expresaron su disposición a acompañar el debate, aunque con matices y condiciones propias de cada distrito. En la Casa Rosada interpretan estas señales como un paso positivo, luego de que el mandatario libertario convocara a sesiones extraordinarias antes de su viaje a Davos.
El ministro del Interior, Diego Santilli, lidera la estrategia territorial del oficialismo y retomó las recorridas por las provincias para consolidar respaldos legislativos. En esta nueva ronda de gestiones, ya mantuvo encuentros con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta). De esas reuniones, según fuentes oficiales, surgieron señales favorables para el tratamiento en la Cámara alta.
En Balcarce 50 destacan especialmente los compromisos obtenidos en cuatro de esos distritos, considerados claves para el futuro del proyecto. La expectativa es ampliar el respaldo en los próximos días, cuando Santilli continúe su agenda federal con nuevas reuniones en la Patagonia y el Litoral.
El próximo destino será Neuquén, donde gobierna Rolando Figueroa. El mandatario provincial adelantó que aprovechará el encuentro para plantear reclamos pendientes a la Nación, entre ellos la coparticipación del impuesto a los combustibles —una demanda consensuada por los 24 gobernadores el año pasado— y la discusión sobre deudas vinculadas al sistema previsional provincial.
La estrategia del oficialismo busca replicar el esquema aplicado durante el tratamiento del Presupuesto 2026, cuando la construcción de consensos territoriales resultó clave para la aprobación. En este caso, el desafío será lograr que las voluntades provinciales se traduzcan en votos concretos en el Congreso, en un escenario político marcado por tensiones y negociaciones permanentes.
