Una denuncia por presunto lavado de activos contra la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (Osppt) desató un fuerte revuelo institucional y judicial, con declaraciones contrapuestas entre el denunciante, la Fiscalía Federal y la propia entidad.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, titular por subrogancia de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, aseguró que la acusación presentada en febrero por el médico José Alberto Gijena fue ratificada y que la investigación está en marcha. Según explicó, se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a otros organismos, y en caso de resultados positivos se avanzará con indagatorias.

Sin embargo, el denunciante sostiene otra versión. Gijena afirmó que nunca fue convocado por la Fiscalía y que “no le conoce la cara al fiscal”. Además, denunció supuesta inacción y anticipó que pedirá medidas al juez. En su presentación, acusó al presidente de la obra social, Walter Salvador Alú, y al coordinador general, Héctor Armando Heredia, de desviar fondos mediante facturas apócrifas y de intentar implementar un plan para restringir coberturas médicas de alto costo.

El médico relató que tras rechazar esa propuesta fue despedido sin indemnización, lo que derivó en un juicio laboral. También señaló que la obra social habría perdido la mitad de sus afiliados desde 2024 y que se multiplicaron los reclamos judiciales por falta de cobertura.

La Osppt y la Asociación de Prensa de Tucumán rechazaron “categóricamente” las acusaciones, calificándolas de falsas y motivadas por un “despecho laboral”. En un comunicado, sostuvieron que Gijena fue despedido con justa causa por desempeñar funciones paralelas en otra empresa de salud, y que la denuncia busca coaccionar a la institución.

Oscar Gijena, hermano del denunciante y dirigente de la APT, también cuestionó la presentación y vinculó la denuncia con el juicio laboral iniciado días atrás. Aseguró que la obra social atraviesa los mismos problemas que el sistema de salud en general, pero que continúa prestando servicios con normalidad.

La causa, que ya involucra a organismos nacionales y federales, abre un nuevo capítulo de tensión en torno a la obra social de los trabajadores de prensa, con un escenario judicial que promete definiciones en las próximas semanas.