El gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó la voluntad de su administración para regularizar la conducción de diversos organismos provinciales que permanecen bajo la figura de intervención desde hace décadas. Sin embargo, el mandatario advirtió que el proceso requiere de un análisis profundo y de la actualización de marcos normativos obsoletos antes de concretar los nombramientos.
Las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo se enmarcan en un escenario cruzado por la presión judicial y los reclamos de distintos sectores sociales y políticos. Recientemente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo emitió un fallo que ordena al Poder Ejecutivo poner fin a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), fijando un plazo perentorio de 60 días corridos para conformar un directorio colegiado.
Ante esta resolución judicial, la Fiscalía de Estado interpuso un recurso de casación con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revoque los alcances de la medida de primera instancia. Mientras se aguarda una definición en el expediente judicial, el debate sobre la gobernanza de los entes descentralizados continúa en el centro de la agenda pública.
La herencia de las intervenciones prolongadas
La situación del IPLA no es un caso aislado dentro del organigrama provincial. El propio gobernador reconoció que el listado de reparticiones bajo conducción precaria incluye a instituciones clave para la administración pública y la asistencia social, muchas de ellas intervenidas de manera ininterrumpida desde la década de 1990 y principios de los años 2000.
Entre los organismos mencionados figuran el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (conocido como el Subsidio de Salud), bajo este régimen desde 1991, al igual que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Asimismo, la Caja Popular de Ahorros (CPA) mantiene un esquema similar desde el año 2003.
Para el Gobierno provincial, la restitución de directorios plenos en estas dependencias no puede reducirse a un mero trámite administrativo. En el caso del Subsidio de Salud, que brinda cobertura a aproximadamente 400.000 beneficiarios entre titulares y adherentes, las autoridades subrayan la magnitud de la responsabilidad institucional involucrada.
Entre la demanda social y la viabilidad legal
Frente a los cuestionamientos de la oposición y de diversos sectores ciudadanos que exigen una pronta restitución del funcionamiento institucional regular, Jaldo relativizó la inmediatez de las soluciones. “Hablar de normalizar es fácil, hay que ver cómo se instrumenta, con quién y con qué normas legales lo hacemos”, manifestó el mandatario ante la prensa, enfatizando que gran parte de las cartas orgánicas y estatutos que rigen a estas entidades se encuentran desactualizados frente a las necesidades actuales.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, avanzar en la normalización institucional exige modificar previamente las normativas internas para evitar baches operativos o decisiones que puedan comprometer la prestación de servicios esenciales. No obstante, el debate político sigue abierto acerca de si la actualización normativa debe ser previa o si los nombramientos de los directorios deben realizarse en paralelo a la reforma de los estatutos.
La resolución definitiva quedará supeditada a los próximos pronunciamientos del máximo tribunal provincial, mientras crecen las expectativas de los usuarios, contribuyentes y beneficiarios de los distintos servicios que prestan los organismos alcanzados por la medida.
