La ley autoriza la constitución de una sociedad estatal y la creación del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc), que contará con un capital inicial de $1.000 millones para respaldar operaciones de financiamiento en el sector productivo.
La Legislatura de Tucumán dio sanción definitiva a la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc), dos herramientas estratégicas diseñadas específicamente para facilitar el acceso al crédito bancario de las pequeñas y medianas empresas, emprendedores y sectores productivos locales. La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial fue aprobada con 33 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, en una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.
Una solución frente a las exigencias bancarias tradicionales
El principal objetivo de la normativa es ofrecer respaldos financieros a empresas, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil que desarrollan sus actividades en la provincia o que deciden radicarse en territorio tucumano, pero que encuentran barreras para cumplir con las exigencias tradicionales que imponen las entidades bancarias.
Durante el debate parlamentario, se remarcó que el Estado no otorgará préstamos directos de dinero, sino que funcionará como garante de las operaciones. De este modo, aquellas pymes que busquen capital de trabajo o inversión en equipamiento tecnológico —pero que carezcan de bienes inmuebles o campos para ofrecer como garantía hipotecaria— podrán contar con el aval del fideicomiso provincial.
Desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto se destacó que contar con una garantía preferida de este tipo permite a los empresarios negociar con los bancos menores requerimientos de cobertura, tasas de interés más competitivas y plazos de devolución más convenientes en comparación con el mercado crediticio tradicional.
Capital inicial, fondeo y protección para pequeños sectores
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), la cual estará a cargo de administrar los fondos fiduciarios bajo la conducción de un directorio integrado por tres miembros.
La ley establece la conformación de un fondo de riesgo inicial de $1.000 millones, cuyos recursos primigenios serán aportados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este monto podrá incrementarse en el futuro mediante nuevas inversiones, utilidades netas y otros ingresos del fideicomiso.
Asimismo, la normativa contempla una cláusula de protección específica para los eslabones más vulnerables del entramado económico: un 15% del fondo fiduciario estará reservado exclusivamente para respaldar operaciones de micro y pequeñas empresas, de acuerdo con los parámetros de clasificación vigentes de la autoridad nacional competente.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Producción provincial asumirá el rol de autoridad de aplicación, encargándose de las tareas de administración, control y fiscalización necesarias para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos de la ley.
