A dos décadas de la desaparición y homicidio de Paulina Lebbos —ocurrida el 26 de febrero de 2006—, la causa judicial experimenta un giro institucional clave. La Sala III de la Cámara Conclusional, con el aval de la Corte Suprema de Justicia provincial, ordenó remitir las actuaciones a una fiscalía de instrucción para profundizar la investigación sobre los integrantes del grupo familiar Jiménez. Sin embargo, la resolución judicial expone una compleja encrucijada técnico-jurídica, ya que el paso del tiempo opera de manera diferenciada para cada uno de los involucrados.

De los tres vecinos mencionados en la manda judicial —el padre Juan Pedro Jiménez y sus hijos Jorge Hernán y Juan Marcelo—, solo uno de ellos se encuentra en condiciones legales de ser formalmente imputado si las nuevas pericias arrojan pruebas de cargo: Jorge Jiménez. En tanto, para su padre y su hermano, la ausencia de acusaciones previas durante estos veinte años determina que la acción penal esté extinguida por prescripción. No obstante, los magistrados recalcaron que esta limitación punitiva no exime al Estado del deber ético y constitucional de reconstruir la verdad material de los hechos.

Una situación procesal diferenciada

La posibilidad de procesar penalmente a Jorge Jiménez se sustenta en un antecedente procesal concreto: cuenta con una condena firme. Durante el juicio celebrado en 2018, en el cual se juzgó a la cúpula policial de aquella época, Jiménez declaró como testigo sobre su estrecho vínculo con la víctima y con César Soto, de cuya hija era padrino. Sus notorias contradicciones y evasivas motivaron su detención en plena audiencia por falso testimonio.

Años más tarde, en un juicio abreviado, admitió su responsabilidad y fue sentenciado a dos años de ejecución condicional. Bajo las normas del Código Penal, la existencia de una condena previa interrumpe el curso de la prescripción, fijando un plazo máximo de doce años a partir de aquel proceso. Esto mantiene plenamente vigente la potestad del Estado para investigarlo y someterlo a un nuevo proceso si se hallan elementos vinculantes. Por el contrario, al carecer de imputaciones previas que interrumpieran los plazos legales, Juan Pedro y Juan Marcelo Jiménez permanecen legalmente blindados por el paso del tiempo.

Indicios biológicos y logísticas bajo la lupa

El renovado interés sobre el núcleo familiar no responde a una hipótesis abstracta, sino a evidencias científicas y testimoniales soslayadas durante años. Los informes periciales elaborados por la bioquímica Lilia Moyano determinaron en su momento que un cabello hallado en la mano derecha del cadáver de Paulina, así como un rastro en su remera, presentaban características morfológicas idénticas a las muestras testigo de Jorge Jiménez. Aunque dichas muestras sufrieron una degradación posterior que dificulta análisis más avanzados, el hallazgo constituye un elemento central para la fiscalía.

A esto se suman los testimonios del entorno familiar de la víctima, quienes denunciaron un presunto hostigamiento previo por parte de los Jiménez. Informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectaron numerosas llamadas no contestadas desde el teléfono de Juan Pedro hacia la línea de la estudiante en la víspera de su desaparición. Asimismo, la logística de movilidad aportó sospechas: Juan Marcelo reconoció haber manejado un automóvil Renault 9 rojo para transporte de pasajeros, rodado cuyas características coincidían con el vehículo abordado por Paulina la madrugada trágica. Por su parte, Juan Pedro se desempeñaba como chofer de larga distancia y estacionaba habitualmente un camión Scania frente al edificio donde residían, vehículo en el cual se secuestraron elementos textiles que nunca fueron periciados adecuadamente.

El mandato de la verdad material

A pesar de que la extinción de la acción penal impedirá dictar condenas de prisión contra el padre y el hermano de Jorge, el fallo del Alto Tribunal ratifica que la investigación penal no debe cerrarse ante dudas insuperables. Los jueces enfatizaron que el sistema de justicia mantiene la obligación inalienable de esclarecer los hechos para ofrecer una respuesta institucional definitiva a la sociedad y a los familiares.

Con la reapertura del expediente, la fiscalía asignada enfrentará el desafío de agotar esta línea investigativa. Si los cotejos científicos o la revisión de testimonios logran conectar de manera fehaciente los rastros biológicos con la autoría de Jorge Jiménez, la vía judicial continuará su curso contra él, mientras que para el resto del grupo familiar la investigación constituirá un ejercicio histórico de reconstrucción de la verdad.