El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, planteó una postura firme y exigió que el proceso de licitación del servicio ferroviario del Belgrano Cargas incluya obligaciones concretas e inversiones obligatorias destinadas al mantenimiento y modernización de las vías férreas que conectan el Norte argentino. Durante su pronunciamiento, el mandatario advirtió que la concesión no debe limitarse exclusivamente a la explotación comercial de locomotoras y vagones, sino que exige una mejora profunda y estructural en la red de circulación para potenciar la competitividad de las economías regionales.

Infraestructura obsoleta y costos logísticos

La preocupación central del Ejecutivo provincial gira en torno al estado actual de la infraestructura, especialmente en ramales estratégicos como el 14 y el 15. Según advirtieron sectores industriales y los propios gobiernos de la región, las deficiencias acumuladas en las trazas limitan de forma drástica la velocidad operativa de los convoyes, reduciéndola a unos 30 kilómetros por hora.

Para las economías del Norte Grande, esta limitación técnica se traduce de manera directa en mayores costos logísticos y desventajas comparativas frente a otras regiones del país. En este sentido, Jaldo remarcó que un sistema de transporte competitivo requiere de vías preparadas para agilizar los tiempos de traslado de la producción local hacia los puertos de exportación, así como hacia mercados internacionales clave de países vecinos como Bolivia y Chile.

Exigencias contractuales y visión federal

El núcleo del reclamo político apunta a que las obras de refacción y puesta a punto no queden sujetas a la mera voluntad o conveniencia de las empresas que resulten adjudicatarias de la concesión. Desde la perspectiva del gobierno provincial, los pliegos licitatorios deben establecer parámetros estrictos de inversión obligatoria como un requisito indispensable para operar el servicio.

Esta exigencia refleja una demanda recurrente de los sectores productivos del interior, que advierten sobre los riesgos de profundizar las asimetrías estructurales si el proceso de privatización ferroviaria prioriza la renta empresaria por sobre la integración federal y el desarrollo de la infraestructura básica. La articulación de esta postura junto a otros mandatarios norteños busca blindar los intereses exportadores de la agroindustria y la industria regional en un contexto económico desafiante.