La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha iniciado formalmente acciones administrativas contra las plataformas de transporte Uber y DiDi, tras confirmar el incumplimiento de las ordenanzas locales que regulan el servicio a través de aplicaciones digitales. Las autoridades municipales están analizando las multas que se aplicarán a ambas empresas por no ajustarse a las exigencias normativas vigentes.

Según fuentes municipales, ninguna de las dos empresas presentó la información requerida por la Secretaría de Movilidad Urbana. Se ha procedido con las intimaciones correspondientes y se está trabajando para determinar los montos de las sanciones a aplicar. Los incumplimientos detectados incluyen la falta de constitución de un domicilio fiscal y la omisión de la obligación de remitir y actualizar cada 30 días el padrón completo de conductores y vehículos.

El caso de Cabify

La situación es distinta en el caso de Cabify. De acuerdo con las mismas fuentes, esta empresa es la única de las tres principales plataformas que ha cumplido con las exigencias municipales, habiendo presentado la información de aproximadamente 200 conductores y prestadores de vehículos.

El conflicto actual se enmarca en las ordenanzas N° 5.483/2025 y N° 5.484/2025, sancionadas por unanimidad en diciembre pasado. La primera regula el transporte de pasajeros en automóviles, mientras que la segunda establece las disposiciones para el traslado mediante motocicletas.

Avance del Padrón Municipal Digital

Ante la falta de inscripción por parte de algunas plataformas, el Ejecutivo municipal anunció a fines de agosto que avanzaría con un registro propio para conductores y propietarios de vehículos. El 1 de octubre comenzó a funcionar oficialmente el Padrón Municipal Digital.

Este trámite es de carácter obligatorio, gratuito y permanecerá habilitado hasta el 30 de noviembre. Según datos preliminares, aproximadamente 400 trabajadores completaron la inscripción durante las primeras dos semanas. El procedimiento puede realizarse a través de la plataforma Ciudadano Digital o con asistencia presencial en dependencias municipales.

Los conductores interesados deben presentar documentación personal y del vehículo, que incluye licencia de conducir, certificado de reincidencia, Verificación Técnica Vehicular (VTV) y un seguro de pasajeros. Además, los automóviles no deben superar los 13 años de antigüedad y recibirán una identificación mediante código QR una vez que cumplan con todos los requisitos.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana sostuvieron que el objetivo de la medida es conocer quiénes prestan el servicio y en qué condiciones circulan. Argumentaron que el municipio, como organismo de contralor, tiene la responsabilidad de supervisar la actividad. Se aseguró que la medida no tiene fines recaudatorios y que cuenta con el debido respaldo jurídico.

Respecto a los conductores, las autoridades municipales reconocieron que aún no se han definido las consecuencias para quienes no completen la inscripción antes del 30 de noviembre, aunque insistieron en que el empadronamiento es obligatorio para todos los que prestan el servicio.

Controversia y posturas políticas

La implementación del padrón ha generado debate en el ámbito político local. Algunos ediles han presentado proyectos de resolución para frenar la medida, argumentando que la Ordenanza N° 5.483/2025 contemplaba un registro de empresas y no trámites individuales para los conductores. Sostienen que la responsabilidad debe recaer sobre las empresas y que la reglamentación incorpora exigencias descartadas durante el debate legislativo.

Desde el Ejecutivo municipal rechazaron estos cuestionamientos, defendiendo las facultades para implementar el registro. Vincularon las críticas con el escenario preelectoral y aseguraron que el municipio no exige requisitos ajenos a la normativa aprobada por unanimidad. La controversia enfrenta así dos interpretaciones sobre el alcance de las facultades municipales para controlar el funcionamiento de las plataformas digitales.