La Justicia dictó la prisión preventiva a dos hombres y ordenó la detención de otros presuntos integrantes de una organización dedicada a la usura y la extorsión. La medida se adoptó tras una compleja investigación que dejó al descubierto un sistema de cobros clandestinos caracterizado por amenazas sistemáticas, hostigamiento financiero y episodios de violencia extrema en una zona residencial.
El caso salió a la luz a partir de un llamado de emergencia al servicio 911 efectuado por una de las víctimas, quien alertó sobre un inminente ataque en su contra y de su entorno familiar. Los efectivos policiales acudieron de inmediato al domicilio y procedieron a la aprehensión de los primeros sospechosos en el lugar. Las entrevistas posteriores con los afectados permitieron constatar que los agresores utilizaban la coacción y la fuerza física para exigir pagos desmedidos bajo condiciones usurarias.
Un esquema financiero asfixiante y extorsivo
De acuerdo con la reconstrucción judicial llevada adelante por la fiscalía interviniente, la pareja damnificada había contraído meses atrás un préstamo por un monto inicial de 6 millones de pesos con prestamistas externos. Las condiciones pactadas imponían la cancelación del capital al mes siguiente o, en su defecto, la realización de pagos parciales con intereses mensuales fijados en 1,5 millones de pesos. Además, el acuerdo ilegal contemplaba una penalización diaria de 30.000 pesos acumulativa en caso de registrarse retrasos más allá de los plazos establecidos.
Al demorarse en las cuotas, los deudores quedaron atrapados en una espiral de hostigamiento insostenible. Según se expuso durante la audiencia de formulación de cargos, los acusados desplegaron un plan sistemático de intimidación a través de llamadas telefónicas y mensajes amenazantes. Estas presiones psicológicas doblegaron la voluntad de las víctimas, quienes terminaron entregando una suma que asciende a los 16 millones de pesos entre efectivo y transferencias bancarias, además de verse obligadas a ceder un teléfono celular y firmar la documentación correspondiente para transferir la titularidad de una motocicleta.
Violencia en el hogar y escalada judicial
La situación escaló a un nivel de extrema gravedad cuando los sospechosos irrumpieron violentamente en la vivienda particular de las víctimas. En el episodio, perpetrado en presencia de un hijo menor de edad de la pareja, los implicados utilizaron un arma de fuego para amedrentar a la mujer mientras se encontraba a solas con el niño, intentando ingresar por la fuerza a la propiedad para concretar las amenazas.
Durante el proceso judicial, una de las víctimas relató el profundo impacto emocional provocado por los meses de asedio: el temor constante, la pérdida de tranquilidad y la interrupción de cualquier proyección personal marcaron su vida cotidiana y la de su entorno laboral.
La fiscalía formalizó la imputación contra los sospechosos por los delitos de usura agravada y extorsión, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva ante el riesgo procesal y la gravedad de los hechos. El juez interviniente evaluó la magnitud del perjuicio económico, la reiteración de los episodios violentos y el temor generado en el núcleo familiar, por lo que hizo lugar al pedido del tribunal y dictó 45 días de prisión preventiva para los acusados, mientras la investigación continúa para identificar y capturar al resto de los involucrados en la red delictiva.
