La concejala alfarista Ana González presentó una denuncia penal contra cinco secretarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación apunta a contrataciones directas consideradas “irregulares” por un monto total de $2.700 millones.

La demanda, ingresada en el Ministerio Público Fiscal, involucra al secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; a la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; al contador General, Marcelo Albaca; al secretario general, Rodrigo Gómez Tortosa; y al secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano. Según el escrito, se habrían firmado convenios con cooperativas de trabajo sin estar inscriptas en el Registro de Proveedores ni en organismos tributarios, regularizando su situación recién en el mismo mes de la contratación.

González, representada por el abogado Juan Macario Santamarina, sostiene que se trata de un “patrón reiterado” de contrataciones directas para tareas ordinarias y previsibles, que deberían haberse canalizado mediante licitación pública. Entre los casos denunciados figuran acuerdos millonarios para desmalezamiento, limpieza de espacios verdes y fabricación de refugios de colectivos. El monto más alto corresponde a $398 millones para la adquisición de kits de “micro embarcado” a través de la cooperativa Providers S.A.

La concejala también incluyó un apartado contra Albaca por presunto enriquecimiento ilícito, señalando un crédito hipotecario de $415 millones para la compra de un inmueble en el Country del Golf, lo que —según la denuncia— implicaría un desembolso en efectivo incompatible con sus ingresos como funcionario.

Desde la gestión municipal, encabezada por Rossana Chahla, respondieron que aún no fueron notificados de la demanda, pero manifestaron su disposición a colaborar con la Justicia. Chincarini acusó a González de impulsar una acusación “claramente política” y de “judicializar la política para adelantar tiempos electorales”. Además, recordó que la concejala fue exonerada en una causa vinculada a la desaparición de una camioneta oficial.

La administración capitalina defendió la legalidad de los procedimientos, asegurando que se realizan con intervención de las áreas técnicas y de los órganos de contralor. El caso abre un nuevo frente de tensión política en el Concejo y promete derivar en una investigación judicial de alto impacto.