La situación del sector de la discapacidad en Tucumán ha alcanzado un punto crítico. Este miércoles, organizaciones, trabajadores de instituciones terapéuticas y familiares de personas con discapacidad se concentraron en la plaza Independencia para visibilizar la preocupante realidad que atraviesan y exigir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta, marcada por un fuerte reclamo de cumplimiento de derechos, denunció graves retrasos en los pagos a prestadores, dificultades para sostener tratamientos y prestaciones esenciales que no están siendo garantizadas.
La falta de respuestas por parte de las autoridades y las obras sociales ha puesto en riesgo la continuidad de los tratamientos rehabilitadores y el funcionamiento de los centros especializados. La insuficiencia de fondos y los aranceles desactualizados, que no acompañan el aumento de costos, profundizan la crisis y afectan directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad. “No llegamos. La plata no alcanza”, resumió una de las madres presentes en la movilización, evidenciando la preocupación de numerosas familias que enfrentan gastos crecientes.
El retraso en el pago de honorarios a los profesionales de la salud y educación especial, que en muchos casos arrastra meses de demora, es otro de los puntos centrales del reclamo. Esta situación, además de precarizar el trabajo de quienes brindan atención diaria, genera incertidumbre y dificulta la planificación y el sostenimiento de los equipos terapéuticos. Una trabajadora del sector expresó la angustia que genera la falta de previsibilidad en los cobros: “A nadie le va a gustar cobrar cada tres meses y estar regulando su sueldo o su economía a la espera de un cobro”.
Las dificultades para acceder a medicamentos y las trabas que imponen las obras sociales para autorizar prestaciones también fueron denunciadas durante la concentración. Las familias enfrentan un laberinto burocrático para obtener lo que por ley les corresponde, incluso cuando existen fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de las prestaciones. La falta de un criterio unificado para la actualización de los aranceles y la discrecionalidad en las autorizaciones agravan el escenario y ponen en riesgo la salud y el desarrollo de niños, jóvenes y adultos con discapacidad.
En medio de la incertidumbre por el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se debate en el Congreso de la Nación, el sector en Tucumán advierte sobre las consecuencias devastadoras que tendría la falta de prórroga de la normativa. La paralización de los pagos y la falta de cobertura de tratamientos vitales podrían obligar al cierre de instituciones y privar a miles de personas de la atención que necesitan.
“En definitiva, es obstaculizar el derecho al acceso a los tratamientos adecuados que tienen que tener las personas con discapacidad”, afirmó una profesional integrante de un centro educativo terapéutico. El reclamo en Tucumán es un grito de auxilio que busca sensibilizar a las autoridades y a la sociedad sobre la urgencia de garantizar los derechos de un sector vulnerable y asegurar que la ley se cumpla, no como una concesión, sino como un imperativo de justicia social.
