La Municipalidad de San Miguel de Tucumán concretará la adquisición de los cuatro edificios donde funciona el establecimiento educativo y cooperativo. La medida busca dar por finalizado un largo litigio judicial que frenó un intento previo de expropiación.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la autorización para que el Ejecutivo municipal proceda a la compra de los cuatro inmuebles en los que funciona la tradicional Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral. La operación, impulsada por la intendencia de Rossana Chahla, contempla un tope máximo de inversión de $800 millones y se instrumentará a través de una contratación directa.
De acuerdo con la propuesta enviada por la Secretaría General del municipio, el pago de los inmuebles se abonará en cuatro cuotas mensuales. El esquema financiero estipula un desembolso inicial de $400 millones, seguido por dos pagos de $150 millones y una cuota final de $100 millones.
Las propiedades involucradas en la transacción se encuentran ubicadas en Juan José Passo 169 y 173, Mendoza 2.176 y pasaje Roma 174. Como parte central de la normativa aprobada, los edificios deberán mantener obligatoriamente su destino educativo; cualquier modificación futura en el uso de los espacios requerirá indefectiblemente de una nueva ordenanza.
Debates legislativos y modificaciones
El expediente llegó al recinto deliberativo con dos dictámenes divergentes. Mientras que la postura de la mayoría habilitaba la adquisición directa con adaptaciones presupuestarias, el bloque opositor —liderado por concejales radicales— cuestionó la falta inicial de un tope de gasto específico, calificando la propuesta original como un “cheque en blanco”.
Tras intensos debates y exigencias de mayor transparencia sobre las tasaciones y el estado legal de los inmuebles, el oficialismo aceptó incorporar modificaciones sustanciales. Entre los cambios introducidos se destacan:
- Un tope presupuestario estricto de $800 millones.
- La exigencia formal de una tasación oficial previa.
- La obligación legal de retornar al Concejo Deliberante en caso de que el valor final superara la cifra establecida.
En el expediente constaban previamente tres tasaciones con valores elevados: una de noviembre de 2024 valuada en $1.137 millones, otra de una inmobiliaria local en febrero de 2026 por $850 millones, y una tercera de junio por $890 millones. Los ediles destacaron que la fijación del monto final respondió a un equilibrio para destrabar el conflicto sin comprometer desproporcionadamente las arcas municipales.
Antecedentes de un conflicto judicial
La institución educativa, creada en 1988, funcionó históricamente bajo un modelo de gestión mixta en el que la Municipalidad cubría los salarios docentes mientras la cooperativa administraba diversos aspectos operativos y administrativos del establecimiento.
Sin embargo, el vínculo se quebró a principios de 2024, cuando la gestión municipal objetó el cobro de cuotas y matrículas a las familias a pesar de los aportes estatales, anunciando la eliminación de dichos aranceles. Ante la negativa de la cooperativa —que argumentaba que los ingresos se destinaban íntegramente al sostenimiento del colegio—, el municipio intentó declarar los inmuebles de utilidad pública mediante la Ordenanza 5.390, con el fin de expropiarlos.
La respuesta judicial no tardó en llegar: en julio de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la medida, un fallo que fue ratificado en mayo de 2026 por la Corte Suprema provincial, la cual determinó que la potestad expropiatoria recae exclusivamente en la Legislatura. Ante este revés legal, la negociación de compraventa directa se consolidó como la única vía institucional viable para asegurar la continuidad de la comunidad educativa y zanjar de forma definitiva el litigio.
