El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este miércoles un proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal que establece la derogación de 59 tasas, derechos y contribuciones. La iniciativa, promovida por la intendenta Rossana Chahla, apunta a simplificar el esquema tributario local, reducir la burocracia administrativa y fomentar la actividad económica formal dentro de la capital provincial.
La medida abarca a nueve áreas de la administración pública local. El desglose oficial indica que la mayor concentración de conceptos eliminados recae sobre la Dirección de Ingresos Municipales (17), seguida por Catastro (14), Vía Pública (12) y Cementerios (7). También se suprimen aranceles en Bromatología, el Tribunal de Faltas, Arbolado, Defensa Civil y Espacios Verdes. De acuerdo con los argumentos del Ejecutivo, sostener el cobro de estas tasas implicaba un costo operativo en liquidación y fiscalización desproporcionado en relación con los ingresos reales que generaban para las arcas públicas.
Entre los cambios más significativos para los vecinos se destaca la supresión de los aranceles correspondientes a los certificados de Libre Deuda y de Cumplimiento Fiscal, los cuales tenían un valor de 4.600 pesos cada uno. Asimismo, se eliminan los cargos por diversas solicitudes administrativas, como el sellado por fojas. Desde el municipio estimaron que la combinación de estas exenciones podría generar ahorros individuales de hasta 11.500 pesos en determinados trámites corrientes, aunque aclararon que no se trata de una rebaja uniforme de los impuestos generales.
El proyecto también contempla un impacto directo sobre el sector comercial al eliminar aranceles relacionados con el uso de la vía pública y actividades económicas. Esto incluye permisos para kioscos, ferias, puestos callejeros, food trucks, la colocación de mesas y sillas para locales gastronómicos, así como autorizaciones de refacción sin planos, rebajes de cordón y depósitos de materiales de construcción. No obstante, las autoridades recordaron que los controles, habilitaciones y normativas de seguridad continúan siendo de carácter obligatorio para el funcionamiento de los comercios.
La sesión legislativa estuvo marcada por el debate en torno al alcance y la profundidad real de la medida. Concejales de la oposición manifestaron reparos sobre el impacto efectivo que la quita tendrá en la economía diaria de los contribuyentes. Desde sectores críticos se cuestionó la falta de un desglose financiero pormenorizado sobre la recaudación previa de cada uno de los tributos derogados y se calificó a la iniciativa como un anuncio limitado frente a las demandas fiscales de la ciudad.
Por su parte, los ediles oficialistas defendieron la decisión institucional y señalaron que, aun cuando se trate de un porcentaje menor de la recaudación total estimada en torno al 1,5 por ciento, representa un primer paso firme hacia la desregulación y la eliminación de cargas innecesarias para los ciudadanos. Asimismo, referentes económicos que participaron del debate coincidieron en que la supresión de estas obligaciones favorece la dinámica comercial y sienta un precedente positivo para la formalización de actividades.
La aplicación efectiva de la normativa comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación oficial en el Boletín Municipal. Hasta que se complete ese paso administrativo, los importes correspondientes a los trámites alcanzados seguirán bajo las disposiciones vigentes. Con esta reforma, la administración capitalina busca consolidar un modelo de gestión orientado a la agilización de expedientes y a la reducción de costos operativos tanto para el municipio como para los vecinos.
