La medida se enmarca en un plan de saneamiento financiero impulsado por el Gobierno nacional a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
El Gobierno de la provincia de Tucumán ha oficializado el desistimiento de dos acciones judiciales clave presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019, que cuestionaban la constitucionalidad de decretos nacionales que reducían impuestos coparticipables durante la gestión de Mauricio Macri. Este movimiento estratégico, formalizado a través del decreto provincial 1680/3 (MEyP), se produce tras la firma de un convenio de colaboración y regularización de deudas con el Estado nacional, marcando un hito en las relaciones financieras entre ambas jurisdicciones.
El acuerdo se inscribe dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo establecido por el Decreto Nacional 219/2026 para el ordenamiento de las finanzas subnacionales. Este régimen busca compensar deudas y acreencias mutuas, permitiendo el saneamiento económico y financiero de las provincias y facilitando el acceso a herramientas de financiamiento, como los anticipos de recursos del Tesoro Nacional. Tucumán fue una de las 12 provincias seleccionadas para participar en este programa, recibiendo un importante alivio financiero en meses anteriores.
Origen del conflicto y su resolución
Las demandas originales, interpuestas en el segundo semestre de 2019, respondían a la implementación unilateral por parte de la Nación de medidas económicas como la reducción de la alícuota del IVA en alimentos y modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, Monotributo y aportes previsionales. Si bien se presentaron como iniciativas de alivio económico, el Gobierno tucumano argumentó en su momento que estas disposiciones erosionaban la base de la coparticipación federal, transfiriendo el costo fiscal a las provincias sin su consentimiento.
La provincia logró obtener medidas cautelares favorables que protegieron sus ingresos coparticipables temporalmente. Sin embargo, con la firma del Consenso Fiscal 2020 y los posteriores acuerdos de concertación federal, el conflicto judicial se diluyó, dando paso a una estrategia de diálogo y negociación para resolver las diferencias financieras de manera integral. El informe de la Fiscalía de Estado provincial subraya que, dado que el marco normativo cuestionado fue derogado y se consolidaron nuevos acuerdos, el objetivo inicial de salvaguardar los recursos públicos se cumplió satisfactoriamente.
Impacto y Proyecciones
El acuerdo con la Nación permitirá a Tucumán no solo cancelar deudas y regularizar su situación financiera, sino también fortalecer la disponibilidad de recursos en su Tesoro provincial y contribuir al equilibrio de las cuentas públicas. Esta mejora en las relaciones fiscales bilaterales se refleja también en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para 2027, que destaca la disminución de la conflictividad con las provincias y menciona explícitamente el desistimiento de 37 procesos judiciales por parte de las jurisdicciones locales, incluidos los dos de Tucumán. El Presupuesto subraya la importancia del federalismo de concertación y la necesidad de promover la transparencia, equidad y automaticidad en la asignación de transferencias presupuestarias.
La Fiscalía de Estado ha sido facultada para formalizar el desistimiento ante el máximo tribunal del país, un paso definitivo para cerrar este capítulo de tensiones financieras. Este acuerdo consolida una etapa de mayor coordinación fiscal entre el Gobierno provincial y la administración nacional, facilitando un entorno más estable para la gestión de las finanzas públicas y el desarrollo económico regional.
